La fachada de la estación a poco de su inauguración, a fines de la décadadel ‘20 del siglo pasado. Su presencia modificó sustancialmente la vida
en la zona de la ciudad donde está ubicada.
Hoy en Santa Fe nadie se atrevería a discutir que la Estación del Ferrocarril Belgrano constituye un emblemático patrimonio de la ciudad. Tanto por su valor urbano, verdadero hito del bulevar; por su importancia como eslabón del desarrollo regional, o por su interés arquitectónico, al ser uno de los edificios públicos locales de mayor envergadura y calidad, no caben dudas de su valor como monumento de trascendencia.
Sin embargo durante muchos años el edificio abandonado y en desuso se presentaba ante el eventual visitante en un estado deplorable, lúgubre, casi en ruinas, con evidentes signos de haber sido víctima de la desidia y desprotección.
¿Cómo puede entenderse una relación tan incoherente y alienada entre una sociedad y su patrimonio?
¿Cómo es posible que se haya dejado destruir, por inacción, irresponsabilidad o indiferencia, un notable bien público?
Las razones históricas, económicas y jurídicas que permitieron llegar a esta situación son muchas y complejas. Su listado puede ser casi tan largo como la nómina de responsables. Este escrito pretende destacar la verdadera significación de la Estación, esclarecer su historia y aportar elementos de juicio sobre la reciente controversia que, con motivo de la intervención municipal para su reparación, sostuvieron el gobierno de la ciudad y el organismo nacional administrador de bienes ferroviarios.
De ese recorrido histórico, en la última década del siglo XX, el proyecto político neoliberal decidió la desarticulación del sistema y se fueron sucediendo una serie de organismos estatales que, con eufemísticas denominaciones, tuvieron el cometido de administrar con dudosa eficacia los bienes públicos. De tal modo sucesivamente se crearon la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales en 1992, el Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (Enabief) en 1996, el Organismo Nacional Administrador de Bienes del Estado (Onabe) en 2000 y la reciente Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en 2008. Todos exhiben como común denominador la recurrencia al término “administración”, aludiendo con ello sólo a un tutelaje de los bienes, o en ciertos casos despojos, de las desaparecidas empresas públicas nacionales.
Desde los años '90 el abandono se apoderó del sitio, y los santafesinos llevan ya casi dos décadas como espectadores de la destrucción de la Estación del Bulevar, siendo hoy absolutamente pertinente repetir el calificativo de “ruinas oficiales” que la prensa le endilgaba en 1922.
VACILACIONES FRENTE AL PATRIMONIO CULTURAL
La protección del patrimonio cultural es un tema de interés para la opinión pública y se podría afirmar que su presencia en los medios es un rasgo distintivo de esta época. No obstante, esa condición mediática no siempre supone una cabal toma de conciencia sobre el valor del mismo para la identidad del cuerpo social y, lo que es peor, no ha sido acompañada por las necesarias acciones, concretas y contundentes, en favor de tal protección.
Por diversas razones es difícil gestionar el cuidado del patrimonio que se encuentra en manos privadas, sobre el cual la legislación resulta insuficiente y las estrategias que se ensayan desde los organismos específicos quedan supeditadas a muchos imponderables.
Por el contrario, hasta la década pasada y en el ámbito de los especialistas, los bienes patrimoniales del Estado se consideraban mucho menos vulnerables. En general se entendía que su integridad estaba mejor asegurada, existiendo la obligatoriedad, por parte de los funcionarios responsables, de consultar a la Comisión Nacional de Monumentos ante cualquier cambio en los inmuebles con una antigüedad mayor a cincuenta años. Pero, a la luz de las políticas neoliberales de los últimos años, o de simples actitudes de desidia, ya no sería aventurado afirmar que la conservación de los bienes patrimoniales de propiedad estatal implica iguales o mayores dificultades, estando a su vez sometidos a riesgos aún más graves.
Ante el estado calamitoso de la Estación, verificamos que nunca salió de la órbita del Estado nacional, el que alguna vez apostó por el desarrollo regional con los ferrocarriles públicos. Al dejarse languidecer hasta su casi extinción al transporte ferroviario en el interior del país, se dejó también deteriorar hasta lo indecible un bien importantísimo, no sólo por su condición patrimonial sino por su valor inmobiliario.
Hace más de diez años en estas mismas páginas, y reflexionando sobre la gravedad de un fallo de la Cámara Federal de Rosario que la dejaba al borde del remate, se alertaba que, paradójicamente, el bien se hallaba protegido por tres normas jurídicas que debían asegurar su preservación: la ley provincial 11.153/94 que declaró Monumentos Históricos Provinciales a las estaciones ferroviarias de la provincia, la ley provincial 10.000/86, de “intereses difusos”, y la Ordenanza de Preservación del Patrimonio Municipal, instrumento citado por los concejales de entonces para garantizar que el bien no estaba en riesgo.
Pese a este andamiaje jurídico, el 2 de octubre de 1998 se decía que la Estación estaba completamente abandonada, víctima de un inadmisible descuido y con el agravante del despojo de su patrimonio mueble. Hoy su desprotección se ha acentuado, los deterioros han adquirido gravedad y la depredación ha alcanzado a todos los bienes y objetos que alguna vez albergó.
Esto deja al descubierto no sólo la irresponsabilidad de aquellos que hubieran debido tener injerencia en el tema, sino también la escasa eficacia de las normas disponibles para la protección del patrimonio urbano.
En los últimos años distintos actores han pensado alternativas para la Estación. El Foro para el Desarrollo de la Ciudad se expidió por su conservación, expresando al Onabe en el 2006 que “Santa Fe debe ser participe protagónico del destino de sus bienes patrimoniales y su territorio”, destacando el tenor simbólico “de una intervención del Estado nacional que, a diferencia de la posición dominante en los noventa, debería privilegiar el valor de lo público por sobre los intereses particulares y sectoriales”.
DEBATE CIUDADANO
Desde otras expectativas el Museo Ferroviario, diferentes grupos políticos y entidades intermedias abogan por su mantenimiento como estación de pasajeros, apostando a una reactivación del sistema. Incluso en las facultades de Arquitectura de la ciudad el problema del edificio y áreas aledañas ha sido tema recurrente de estudio y debate.
Cuando en el año 2006 el Onabe llamó a licitación para la venta y concesión de algunas fracciones de tierras y de la Estación misma, el proyecto fue debatido en el Concejo Deliberante, y el propio Ejecutivo Municipal aceptó la iniciativa de instalar un centro comercial. Para legitimar su instrumentación fueron necesarias ordenanzas ad hoc que llevaban como contraparte la restauración del edificio y su refuncionalización como shopping mall por un lapso contractual.
Esta medida cancelaba totalmente cualquier reutilización como espacio ferroviario, no obstante lo cual contó con el respaldo de buena parte de la ciudadanía que lo aceptaba a condición de “hacer algo”. El Estado, tanto a nivel nacional como municipal, finalmente claudicaba en todo intento de preservar el bien en su significado primigenio y su funcionalidad.
Las objeciones a tales iniciativas erróneamente se consideraron como obstáculos a las supuestas soluciones del problema de fondo: la conservación del edificio y un destino concreto a varias hectáreas de suelo privilegiado. Por el contrario se objetaba la mera operación inmobiliaria, entendiendo que intervenir en espacios de fuerte carga simbólica, cuyo valor y plusvalía económica es emergente de una construcción social, y en consecuencia de interés público, debía privilegiar el sentido de integración del sector, articulando de manera armónica las expectativas de la ciudadanía con los intereses específicos del capital económico y el mercado inmobiliario.
La combinación entre la crisis financiera internacional y las reiteradas demoras, propias de los procesos burocráticos del centralismo nacional, finalmente dejaron en una laguna de indecisiones el proceso licitatorio que adjudicaba su uso a una empresa internacional.
En este contexto de dilaciones e irresoluciones actualmente se implementan tareas de contención del deterioro por el gobierno municipal, quien ha decido actuar en defensa del patrimonio y en resguardo de la seguridad ciudadana, reivindicando frente al Estado nacional su jurisdicción sobre la Estación y predios aledaños. Si bien no se trata de una recuperación integral, son acciones tendientes a la protección, el saneamiento y a un mantenimiento básico que detenga el deterioro, permitiendo asimismo que algunos espacios del edificio puedan volver a utilizarse.
Para Santa Fe se trata de una operación inédita y resulta aventurado medir sus alcances, pero sin dudas es un paso en pos de recuperar una dignidad ciudadana en muchas ocasiones perdida. Queda planteado aquí un conflicto de intereses: la legalidad del reclamo que puede esgrimir la Adif al erigirse como propietaria, contra la ilegitimidad de haber abandonado el edificio a su suerte durante más de dos décadas, lo que inmediatamente cuestiona el sentido de sus derechos de propiedad que no fueron ejercidos responsablemente.
Fuente / El Litoral
Sin embargo durante muchos años el edificio abandonado y en desuso se presentaba ante el eventual visitante en un estado deplorable, lúgubre, casi en ruinas, con evidentes signos de haber sido víctima de la desidia y desprotección.
¿Cómo puede entenderse una relación tan incoherente y alienada entre una sociedad y su patrimonio?
¿Cómo es posible que se haya dejado destruir, por inacción, irresponsabilidad o indiferencia, un notable bien público?
Las razones históricas, económicas y jurídicas que permitieron llegar a esta situación son muchas y complejas. Su listado puede ser casi tan largo como la nómina de responsables. Este escrito pretende destacar la verdadera significación de la Estación, esclarecer su historia y aportar elementos de juicio sobre la reciente controversia que, con motivo de la intervención municipal para su reparación, sostuvieron el gobierno de la ciudad y el organismo nacional administrador de bienes ferroviarios.
De ese recorrido histórico, en la última década del siglo XX, el proyecto político neoliberal decidió la desarticulación del sistema y se fueron sucediendo una serie de organismos estatales que, con eufemísticas denominaciones, tuvieron el cometido de administrar con dudosa eficacia los bienes públicos. De tal modo sucesivamente se crearon la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales en 1992, el Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (Enabief) en 1996, el Organismo Nacional Administrador de Bienes del Estado (Onabe) en 2000 y la reciente Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en 2008. Todos exhiben como común denominador la recurrencia al término “administración”, aludiendo con ello sólo a un tutelaje de los bienes, o en ciertos casos despojos, de las desaparecidas empresas públicas nacionales.
Desde los años '90 el abandono se apoderó del sitio, y los santafesinos llevan ya casi dos décadas como espectadores de la destrucción de la Estación del Bulevar, siendo hoy absolutamente pertinente repetir el calificativo de “ruinas oficiales” que la prensa le endilgaba en 1922.
VACILACIONES FRENTE AL PATRIMONIO CULTURAL
La protección del patrimonio cultural es un tema de interés para la opinión pública y se podría afirmar que su presencia en los medios es un rasgo distintivo de esta época. No obstante, esa condición mediática no siempre supone una cabal toma de conciencia sobre el valor del mismo para la identidad del cuerpo social y, lo que es peor, no ha sido acompañada por las necesarias acciones, concretas y contundentes, en favor de tal protección.
Por diversas razones es difícil gestionar el cuidado del patrimonio que se encuentra en manos privadas, sobre el cual la legislación resulta insuficiente y las estrategias que se ensayan desde los organismos específicos quedan supeditadas a muchos imponderables.
Por el contrario, hasta la década pasada y en el ámbito de los especialistas, los bienes patrimoniales del Estado se consideraban mucho menos vulnerables. En general se entendía que su integridad estaba mejor asegurada, existiendo la obligatoriedad, por parte de los funcionarios responsables, de consultar a la Comisión Nacional de Monumentos ante cualquier cambio en los inmuebles con una antigüedad mayor a cincuenta años. Pero, a la luz de las políticas neoliberales de los últimos años, o de simples actitudes de desidia, ya no sería aventurado afirmar que la conservación de los bienes patrimoniales de propiedad estatal implica iguales o mayores dificultades, estando a su vez sometidos a riesgos aún más graves.
Ante el estado calamitoso de la Estación, verificamos que nunca salió de la órbita del Estado nacional, el que alguna vez apostó por el desarrollo regional con los ferrocarriles públicos. Al dejarse languidecer hasta su casi extinción al transporte ferroviario en el interior del país, se dejó también deteriorar hasta lo indecible un bien importantísimo, no sólo por su condición patrimonial sino por su valor inmobiliario.
Hace más de diez años en estas mismas páginas, y reflexionando sobre la gravedad de un fallo de la Cámara Federal de Rosario que la dejaba al borde del remate, se alertaba que, paradójicamente, el bien se hallaba protegido por tres normas jurídicas que debían asegurar su preservación: la ley provincial 11.153/94 que declaró Monumentos Históricos Provinciales a las estaciones ferroviarias de la provincia, la ley provincial 10.000/86, de “intereses difusos”, y la Ordenanza de Preservación del Patrimonio Municipal, instrumento citado por los concejales de entonces para garantizar que el bien no estaba en riesgo.
Pese a este andamiaje jurídico, el 2 de octubre de 1998 se decía que la Estación estaba completamente abandonada, víctima de un inadmisible descuido y con el agravante del despojo de su patrimonio mueble. Hoy su desprotección se ha acentuado, los deterioros han adquirido gravedad y la depredación ha alcanzado a todos los bienes y objetos que alguna vez albergó.
Esto deja al descubierto no sólo la irresponsabilidad de aquellos que hubieran debido tener injerencia en el tema, sino también la escasa eficacia de las normas disponibles para la protección del patrimonio urbano.
En los últimos años distintos actores han pensado alternativas para la Estación. El Foro para el Desarrollo de la Ciudad se expidió por su conservación, expresando al Onabe en el 2006 que “Santa Fe debe ser participe protagónico del destino de sus bienes patrimoniales y su territorio”, destacando el tenor simbólico “de una intervención del Estado nacional que, a diferencia de la posición dominante en los noventa, debería privilegiar el valor de lo público por sobre los intereses particulares y sectoriales”.
DEBATE CIUDADANO
Desde otras expectativas el Museo Ferroviario, diferentes grupos políticos y entidades intermedias abogan por su mantenimiento como estación de pasajeros, apostando a una reactivación del sistema. Incluso en las facultades de Arquitectura de la ciudad el problema del edificio y áreas aledañas ha sido tema recurrente de estudio y debate.
Cuando en el año 2006 el Onabe llamó a licitación para la venta y concesión de algunas fracciones de tierras y de la Estación misma, el proyecto fue debatido en el Concejo Deliberante, y el propio Ejecutivo Municipal aceptó la iniciativa de instalar un centro comercial. Para legitimar su instrumentación fueron necesarias ordenanzas ad hoc que llevaban como contraparte la restauración del edificio y su refuncionalización como shopping mall por un lapso contractual.
Esta medida cancelaba totalmente cualquier reutilización como espacio ferroviario, no obstante lo cual contó con el respaldo de buena parte de la ciudadanía que lo aceptaba a condición de “hacer algo”. El Estado, tanto a nivel nacional como municipal, finalmente claudicaba en todo intento de preservar el bien en su significado primigenio y su funcionalidad.
Las objeciones a tales iniciativas erróneamente se consideraron como obstáculos a las supuestas soluciones del problema de fondo: la conservación del edificio y un destino concreto a varias hectáreas de suelo privilegiado. Por el contrario se objetaba la mera operación inmobiliaria, entendiendo que intervenir en espacios de fuerte carga simbólica, cuyo valor y plusvalía económica es emergente de una construcción social, y en consecuencia de interés público, debía privilegiar el sentido de integración del sector, articulando de manera armónica las expectativas de la ciudadanía con los intereses específicos del capital económico y el mercado inmobiliario.
La combinación entre la crisis financiera internacional y las reiteradas demoras, propias de los procesos burocráticos del centralismo nacional, finalmente dejaron en una laguna de indecisiones el proceso licitatorio que adjudicaba su uso a una empresa internacional.
En este contexto de dilaciones e irresoluciones actualmente se implementan tareas de contención del deterioro por el gobierno municipal, quien ha decido actuar en defensa del patrimonio y en resguardo de la seguridad ciudadana, reivindicando frente al Estado nacional su jurisdicción sobre la Estación y predios aledaños. Si bien no se trata de una recuperación integral, son acciones tendientes a la protección, el saneamiento y a un mantenimiento básico que detenga el deterioro, permitiendo asimismo que algunos espacios del edificio puedan volver a utilizarse.
Para Santa Fe se trata de una operación inédita y resulta aventurado medir sus alcances, pero sin dudas es un paso en pos de recuperar una dignidad ciudadana en muchas ocasiones perdida. Queda planteado aquí un conflicto de intereses: la legalidad del reclamo que puede esgrimir la Adif al erigirse como propietaria, contra la ilegitimidad de haber abandonado el edificio a su suerte durante más de dos décadas, lo que inmediatamente cuestiona el sentido de sus derechos de propiedad que no fueron ejercidos responsablemente.
Fuente / El Litoral
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